Exigen que la alcaldía dé apoyo legal a afectados por construcciones ilegales

La Paz, 21 de junio 2024

Luego de una audiencia pública, vecinos y autoridades exigieron que el municipio paceño brinde asesoría legal a las centenas de familias afectadas por construcciones comerciales ilegales, ya que se demostró la conexión entre uno de estos empresarios y el alcalde.

La audiencia se llevó a cabo en el Salón Multipropósito de la Asamblea Legislativa y estuvo convocada por el diputado Alejandro Reyes. Además del asambleísta, estuvieron presentes la concejala Roxana Pérez Del Castillo y expertos como el arquitecto Álvaro Viana, así como representantes de juntas de vecinos, del Control Social y de los afectados por la estafa por la que Harold Lora, dueño de la constructora Las Loritas, fue acusado.

Si bien todas las resoluciones oficiales se darán a conocer más adelante, una de las principales es exigir que el municipio paceño, encabezado por Iván Arias, brinde apoyo legal para todas las familias perjudicadas que invirtieron dinero en la propuesta de Las Loritas, que son cerca de 600, según uno de los involucrados.

“Este problema social se debe a la inacción del señor Arias; por lo tanto, él, como alcalde, debe querellarse contra Lora (…) además debe brindar apoyo y respaldo jurídico a los afectados, porque la representación legal tiene costo, y ese costo lo tiene que pagar el alcalde”, afirmó Reyes.

Además de presionar para que el municipio denuncie penalmente las irregularidades en las que incurrió Lora y que ahora generan momentos de desesperación en muchas personas, se propuso dar a conocer públicamente qué construcciones comerciales son ilegales en La Paz, así como sus ubicaciones, para que los interesados en adquirir un bien inmueble no sean sorprendidos por una situación similar.

Esta audiencia se llevó a cabo luego de que se revelara una serie de irregularidades que relacionan el proyecto de Lora con la gestión de Arias, dado que el burgomaestre fue criticado constantemente por procurar aprobar normas que favorecen la regularización —o bien disminuyen radicalmente las multas— de las construcciones ilegales comerciales, pero no benefician a los vecinos y solo incurren en violaciones menores en sus hogares ya construidos.

Paralelamente, y mediante una conferencia de prensa por Zoom, el alcalde Arias —quien se excusó de asistir a un pedido de informe oral y una audiencia en la Fiscalía— afirmó que descubrió una “red mafiosa” que durante 20 años se apropió de terrenos privados y autorizó construcciones fuera de norma.

Según dio a conocer, 130 funcionarios están involucrados y ya fueron identificados. Se develó que se realizaron 15 mil avasallamientos a predios privados en La Paz.