Opinión
Créditos para el desarrollo: El botín político en la Asamblea Plurinacional
La clave para superar los obstáculos actuales radica en una gestión adecuada de los recursos naturales y en una planificación estratégica que impulse el desarrollo económico y social del país.
La Paz, 22 de julio 2024
Por: Martin Moreira
La economía boliviana atraviesa un momento crítico que demanda una comprensión clara y objetiva, libre de distorsiones políticas que podrían dar lugar a especulaciones erróneas. La inversión es esencial para el crecimiento sostenido y la expansión económica a largo plazo. En este contexto, el actual gobierno ha tomado medidas significativas, como impulsar la industrialización, exploración de recursos naturales, la inversión en infraestructura, reformar la matriz productiva y promover la sustitución de importaciones. Sin embargo, la falta de liquidez en divisas se debe en parte a la ineficiencia y corrupción de gestiones anteriores, además de la politización de la gestión económica, que ha llevado al estancamiento de 1.000 millones de dólares en créditos destinados a proyectos de desarrollo regional. A pesar de estos desafíos, Bolivia ha logrado avances importantes en industrialización, estabilidad financiera y control de la inflación, manteniendo un perfil comparativamente favorable en la región. La clave para superar los obstáculos actuales radica en una gestión adecuada de los recursos naturales y en una planificación estratégica que impulse el desarrollo económico y social del país.
Cuando hablamos del momento económico que se vive en Bolivia, es importante contextualizarlo de la mejor manera posible, evitando caer en deformaciones políticas que generen especulaciones. Es fundamental comprender que la inversión tiene un rol muy importante en el crecimiento y la expansión de la economía a largo plazo. En este sentido, el actual gobierno está jugando un papel fundamental en diversos procesos, desde la industrialización y la inversión en infraestructura, hasta el cambio de la matriz productiva mediante la sustitución de importaciones, la exploración y la ratificación de la gestión financiera del país para lograr estabilización, seguida de períodos de crecimiento económico.
El actual bache de la falta de liquidez en divisas se debe a factores esenciales. Uno de ellos es que en la década de 2011 al 2020 no se ejecutaron exploraciones en hidrocarburos, no se incentivó la creación de matrices productivas diversas y se malgastaron los recursos debido a la ineficiencia del gobierno de Morales. La situación se agravó con el corrupto gobierno de Añez, que solo buscó favorecer a logias e intereses personales. El Gobierno de Arce recibió reservas de alrededor de 4.200 millones de dólares, logrando estabilizar la economía, reactivar la industria y diversificarla, invertir en un plan de industrialización y exploración, buscar la sustitución de importaciones, aferrado al mercado interno y al crecimiento constante del sistema financiero.
Lamentablemente, la política y la falta de compromiso con la mejora de la calidad de vida de las regiones han resultado en el estancamiento de 1.000 millones de dólares de créditos de organismos internacionales en la Asamblea Plurinacional, que se ha convertido en un botín político para generar desestabilidad. Este botín millonario está en manos de malos diputados y senadores que solo buscan una vendetta política, sin comprender el daño que están causando al pueblo boliviano al paralizar créditos como el Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II, financiado por el BID con un crédito de USD 52,000,000.00. Además, se incluye un Préstamo de Apoyo de Emergencia para la Respuesta a la Situación de COVID-19, con un valor de 15 mil millones de yenes, proporcionado por JICA, equivalente a USD 100,000,000.00. La Adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para el «Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi: Tramo 2B Confital – Bombeo», está financiada por CAF con USD 88,000,000.00. Asimismo, el Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico para una Movilidad Eléctrica Sostenible e Inclusiva para La Paz tiene un financiamiento del BID de USD 62,000,000.00. El Programa de Integración Urbana: Parque Lineal para La Paz y El Alto cuenta con una inversión del BID de USD 30,000,000.00. La Construcción de la Carretera Uyuni – Hito LX, Tramos 1 al 3, está financiada por CAF con USD 223,420,000.00. El Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase II tiene un financiamiento de FONTPLATA de USD 100,000,000.00. El Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable cuenta con un crédito del BID de USD 40,000,000.00. El Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar está financiado por el Banco Mundial con USD 150,000,000.00. Por último, el Proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial cuenta con un financiamiento del Banco Mundial de USD 118,500,000.00. En total, estas iniciativas suman un financiamiento de USD 963,920,000.00.
Este monto podría, en primer lugar, beneficiar a las regiones afectadas; en segundo lugar, generar liquidez en divisas para así reducir la especulación de un nocivo mercado negro de dólares, del cual se benefician sectores de dudosa reputación de la sociedad; y en tercer lugar, permitir la continuación de los cambios trascendentales que lleva adelante el gobierno de Luis Arce. Estos cambios deben detallarse para que se comprenda el daño político que atraviesa la gestión económica debido a malos e irresponsables políticos.
Los logros alcanzados abarcan distintos ámbitos. Se ha logrado una industrialización de materias primas con una inversión de 3.600 millones de dólares para la construcción de 130 industrias que van desde insumos para la industria hasta alimentos. Se logró estabilizar las Reservas Internacionales Netas gracias a la Ley 1503, conocida como la Ley del Oro. El Plan de Reactivación del Upstream (PRU) 2021-2025 de la empresa estatal YPFB ya tiene su primer resultado, el Megacampo Mayaya Centro X1.
En cuanto a los indicadores inflacionarios del primer semestre, respecto a la región, Bolivia sigue con un perfil de baja inflación. En Argentina, la inflación acumulada fue del 79,8% y su inflación interanual alcanzó el 271,5%. En Venezuela, la inflación acumulada fue del 8,9% y la inflación interanual, según el OVF, es del 68%. En Colombia, la inflación acumulada en el primer semestre fue del 4,12%, con una inflación interanual del 7,18%. En Uruguay, la inflación acumulada fue del 3,62% y la interanual del 4,96%. En Paraguay, la inflación semestral acumulada fue del 2,8% y la interanual del 4,3%. En Bolivia, la inflación semestral fue del 2,49% y la interanual del 3,85%. En Brasil, la principal economía de la región, se registró un aumento de precios del 2,48% en el primer semestre, con una inflación interanual del 4,23%. En Chile, la inflación acumulada fue del 2,4% y la interanual del 4,2%. En Perú, en Lima Metropolitana, la inflación semestral fue del 1,57% y la interanual del 2,29%. En Ecuador, la inflación semestral fue del 0,7% y la interanual del 1,18%. Si observamos estos datos, Bolivia sigue demostrando que su modelo económico protege el poder adquisitivo de los trabajadores.
Es fundamental invertir en sectores que promuevan el crecimiento económico, la descarbonización de las economías y la inclusión social para avanzar en el desarrollo sostenible. En este marco, se indica que los flujos de inversión extranjera de organismos internacionales para el desarrollo deberían estar alineados con los objetivos de crecimiento del país y apalancar su capacidad industrial y tecnológica. Para ello, se necesita una planificación que el Estado lleva a cabo mediante la implementación de infraestructura, créditos productivos, educación y salud para generar disponibilidad de fuerza de trabajo, marco normativo y financiamiento.
Si no se aprovechan los abundantes recursos naturales estratégicos del país por parte del sector público, que servirán para transformar las estructuras productivas, podríamos enfrentar una nueva década perdida. Los sectores estratégicos incluyen los sistemas agroalimentarios, manufactura, la minería, los hidrocarburos, la energía y el turismo sostenible, por nombrar algunos.